RÍO DE JANEIRO — ¿Puede Brasil ser el próximo país alcanzado por la ola de protestas masivas y convulsión social y política que ha afectado a buena parte de Latinoamérica en el último tiempo?

La pregunta parece inquietar al gobierno de Jair Bolsonaro, que ha comenzado a mostrarse dispuesto a endurecer las medidas e incluso adoptar los métodos más pertinentes para contener posibles desbordes.

Bolsonaro admitió en la noche del lunes que un proyecto de ley oficial que exime de culpa a agentes de seguridad y militares durante operaciones especiales podría ser aplicado para evitar protestas.

“Protesta es una cosa. Vandalismo y terrorismo es otra completamente diferente. Si van a incendiar ómnibus y bancos, invadir ministerios, eso no es una protesta. Si el congreso apoya lo que estamos pidiendo, esas protestas van a ser simplemente impedidas”, dijo el presidente a la prensa local.

Bolsonaro había sido consultado sobre si existe relación entre el proyecto del gobierno, llamado de “excluyente de ilicitud”, y algún intento por evitar en suelo brasileño manifestaciones similares a las que sacuden a vecinos como Chile, Bolivia y Colombia.

En la misma sintonía que el presidente, el ministro de Economía brasileño Paulo Guedes alertó sobre el riesgo de que se produzcan protestas violentas. En la noche del lunes dijo que “no se asusten” si alguien pide al gobierno que aplique tácticas de la dictadura para controlar las calles ante un eventual escenario de “caos” similar al que sacudió a varios países de Latinoamérica.

Guedes se refirió de esta manera a la repercusión negativa que días atrás había generado Eduardo, uno de los hijos del presidente, al sugerir en una entrevista que el gobierno adopte un decreto dictatorial para ponerle un alto a una posible escalada de conflictividad.

Durante una visita oficial en Washington, Guedes aseguró a periodistas brasileños que es “irresponsable llamar a las personas a la calle”, en una crítica elíptica al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y a la oposición de izquierda que habla de manifestarse contra el gobierno.

El ministro se refirió a una medida conocida como AI-5, instrumentada en 1968 por el presidente de facto Arthur Costa y Silva, que suspendió garantías constitucionales y les quitó a los congresistas derechos políticos.

Luego el ministro de Economía se corrigió y en la misma conferencia de prensa dijo que el AI-5 sería “inaceptable” para la democracia brasileña, aunque “la izquierda tome las armas y derrumbe por la fuerza el palacio (presidencial) del Planalto”.

De acuerdo con analistas consultados por The Associated Press, el gobierno se muestra temeroso de que se produzcan protestas análogas a las de otros países, pero resaltaron que en lo inmediato no existen señales de que pueda haber masivos movimientos de protesta. Además, destacaron la influencia que puede adquirir el expresidente Lula –liberado el pasado 8 de noviembre– para conducir a descontentos con el gobierno en las calles.

“Hay un potencial de insatisfacción, pero no existe en este momento una coalición de fuerzas capaz de movilizar masivamente a la población contra el gobierno”, dijo Paulo Calmon, politólogo de la Universidad de Brasilia.

Mauricio Santoro, politólogo de la Universidad del estado de Río de Janeiro, dijo que las iniciativas oficiales,  dan cuenta de un gobierno preocupado ante la posibilidad de convulsiones sociales.

[descarga nuestra APP para recibir nuestro contenido destacado]

Te puede interesar: El momento preciso, el lugar preciso, la gente precisa

videoinfo__video2.bles.com||d7da7b8ab__

Ad will display in 09 seconds