El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció este jueves un indulto en favor del diputado de derecha Daniel Silveira, condenado a más de ocho años de prisión por la Corte Suprema por haber subido un video a Twitter insultando a los jueces del tribunal supremo.

Bolsonaro hizo el anuncio en su semanal Facebook Live y lo calificó como “una noticia de vital importancia para nuestra democracia y nuestra libertad”, además de aclarar que no iba a “comentar” la decisión de la Corte Suprema, que claramente violó la Constitución, no solo por condenar un “delito de opinión” si no por hacerlo contra una persona que tiene fueros por ser diputado electo en funciones.

Leyó el decreto, aclaró que la Constitución le confiere esas atribuciones, y citó entre las “consideraciones” que “la libertad de expresión es un pilar de la sociedad democrática” y que la “sociedad está en legítima conmoción” por la condena dictada contra un diputado, amparado por la inmunidad parlamentaria.

Silveira, uno de los referentes del derechista Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que apoya a Bolsonaro, fue condenado el miércoles a ocho años y nueve meses tras decir en un video que subió a sus redes sociales el año pasado que quería ver “clausurada” la Corte Suprema y una “intervención militar” similar a la que en 1964 impuso una dictadura que duró 21 años.

La sentencia contra Silveira fue aprobada por diez votos frente a sólo uno en contra, emitido por el juez Kassio Nunes, quien llegó al Supremo promovido por Bolsonaro, en 2020. En total, 10 de los 11 ministros votaron condenar al diputado. Tras la decisión del relator Alexandre de Moraes, los jueces Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes y el presidente, Luiz Fux, votaron a favor.

André Mendonça, designado a la Corte por Bolsonaro, propuso una pena reducida de dos años y cuatro meses, inicialmente en régimen abierto, por el delito de coacción en el curso del proceso, pero el resto de los jueces derribó el intento.

Nunes Marques, quien también fue designado por el presidente de derecha, fue el único que votó por la absolución total de Silveira, citando que la opinión pública no es un delito en Brasil.

La decisión se apoyó en una acusación de la Fiscalía General, según la cual el diputado incurrió en los delitos de “coacción, incitación a la violencia, atentados contra el Estado de Derecho y las instituciones democráticas e intentar impedir su funcionamiento mediante grave amenaza”. Sin embargo, expertos aseguran que en ningún momento hizo un llamado expreso a un grupo de gente a que haga ningún delito, por lo que la sentencia está falta de méritos.

Lo máximo que podría habersele imputado es difamación contra una institución pública, pero en Brasil una condena por ese delito no incurre en prisión, no más que una multa. Además, ninguna condena debería haber sido emitida, ya que Silveira cuenta con fueros parlamentarios.

La Corte Suprema, valiéndose de su super-mayoría de izquierda, lanzó en 2020 un intento por quedarse con el control operativo de Brasil, enmarcado en la causa “Fake News”, mediante la cual el juez Alexandre de Moraes tomó control de la Policía Federal, y empezó a perseguir políticamente a los aliados de Bolsonaro.

Moraes forzó al exilio a varios periodistas y empresarios que apoyaban al presidente, además de ordenar allanamientos a muchos activistas de derecha; incluso a algunos diputados en funciones. El juez supremo convirtió al país en un Estado policial, y ordenó intervenir líneas telefónicas, cerrar redes de mensajería como Telegram y arrestar personas por publicaciones en Twitter o Facebook.

La situación escaló cuando, luego de que Silveira publicara esos videos, Moraes ordenó su arresto, a pesar de que la Constitución no se lo permitía, porque el diputado, electo en 2018 por 31.789 votos en Río de Janeiro.

Esta situación ha convertido la República brasileña en una verdadera Oclocracia, una degeneración total del sistema republicano, donde un grupo de corruptos abusan de su poder, valiéndose de la confianza en las instituciones públicas que presiden, para actuar contrario a su función.

Este término, acuñado por el historiador griego Polibio, es una concepto similar al que adoptó Aristóteles para describir a una monarquía que se degenera en Tiranía o una Democracia en Demagogia, pero aplicado al sistema republicano que rige, salvando las distancias, hoy en día.

Cuando se creó la Constitución en Brasil se contemplaron estos tipos de degeneración institucional propios de la política, y por eso se invistió al presidente del Ejecutivo con el poder de veto, para evitar los abusos del Poder Legislativo, y el poder del indulto, para evitar los abusos del Judicial, como en este caso.

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