La ex presidente trató de quitarse la vida luego de ser imputada por genocidio en una causa que busca aplacar a la oposición del régimen socialista del MAS.

El pasado 17 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentó el informe final encargado por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los hechos posteriores a la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019 y la suba al poder de Jeanine Añez, actualmente detenida en el penal de Miraflores por el régimen socialista.

El informe señala en sus páginas que, durante el periodo anterior y posterior a la llega de Añez al poder, se cometieron violaciones a los derechos humanos, uso indiscriminado de la fuerza y masacres en Bolivia.

El informe cuestiona el accionar de las fuerzas del orden y del Ejército que contuvieron a grupos patrocinados por Evo Morales que planeaban explotar una planta de gas en La Paz, y volar un puente en Cochabamba (Senkata y Sacaba).

Sin embargo, el mismo informe arroja enunciados que expresan que en el epílogo del gobierno de Morales también se cometieron abusos, entre los sucesos señalan a los enfrentamientos en Montero (Santa Cruz), donde perdieron la vida dos personas ligadas al Comité Pro Santa Cruz, entonces liderado por el derechista Luis Fernando Camacho.

De la misma forma, también denuncia actos de violencia contra una caravana de jóvenes que se dirigían a La Paz el día de la renuncia de Morales, cuyos integrantes fueron emboscados, y en el caso de las mujeres, abusadas sexualmente.

El informe continúa y expresa rotundamente que los hechos de violencia, crisis política, y la convulsión social se origina en el irrespeto al referéndum constitucional para habilitar a Morales a una cuarta reelección y la emisión de la sentencia constitucional que lo habilitaba.

De todos modos, el GIEI aclara que el informe no es vinculante y que no debe ser utilizado para hacer persecución política de las personas nombradas, ni los de Añez ni los de Morales.

Sin embargo, la fiscalía de Bolivia decidió ignorar todas las partes del informe que condena a Evo Morales y tomar las partes que involucran a Jeanine Añez e iniciar los mecanismos para llevarla a un juicio en el parlamento por genocidio, de donde puede salir con una condena de 20 años de cárcel, omitiendo la recomendación de GIEI.

Con esta nueva acusación fiscal, la ex mandataria tiene sobre ella cargos por al menos 7 delitos: resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, sedición, terrorismo, conspiración, y ahora genocidio, lesiones graves y gravísimas y lesiones seguidas de muerte.

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Fruto de estas investigaciones, y de las 2 detenciones preventivas que pesan en contra de la ex mandataria, su salud se ha visto drásticamente afectada, tanto física como mentalmente. Durante los últimos meses, ha sido aislada de su entorno familiar, se le ha negado el acceso visitas y se le ha otorgado una precaria atención médica, pese a que tiene patologías de hipertensión y el antecedente de haber tenido COVID-19 el año pasado.

Sus abogados han interpuesto al menos cuatro acciones judiciales para que salga de la cárcel y se defienda en libertad, las cuales han sido rechazadas. Paralelamente, su hija, Carolina Ribera, también ha denunciado que no se le informa nada sobre el estado de salud de su madre, ni se le informa sobre los fármacos que le suministran las autoridades de la cárcel.

Este sábado, la prensa local informó que Añez intentó quitarse la vida en su celda. El ministro de gobierno, Carlos del Castillo, en conferencia informó que se trasladó a la ex presidente para recibir atención médica y psicológica, puesto que tiene lesiones en las muñecas y antebrazos realizadas con un material plástico, que evidencian la intencionalidad suicida de sus actos.

Esta noticia causó un revuelo en el panorama político. Los ex presidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Jaime Paz emitieron un pronunciamiento en repudio a las arbitrariedades del proceso, y solicitaron salvaguardar sus derechos fundamentales a la vida, integridad y el debido proceso.

Añez actualmente atraviesa una de las peores situaciones a las que se puede someter a un ser humano: está tirada en una celda, sin atención médica, probablemente torturada por los agentes del régimen, siendo despojada de todos sus derechos humanos, mientras en Latinoamérica todos los países hacen oído sordo a la situación, a excepción de Jair Bolsonaro en Brasil.

Mientras mandatarios de izquierda como Alberto Fernández o López Obrador han hablado toda su carrera política de las violaciones de los derechos humanos en las dictaduras latinoamericanas, ahora aplauden con esmero a la brutal persecución política y crímenes de lesa humanidad contra quienes gobernaron Bolivia constitucionalmente hasta hace algunos meses.

Pronunciamiento de los ex presidentes de Bolivia.

Igualmente, tras conocer los intentos de quitarse la vida, su equipo de abogados interpuso nuevas acciones para que salga de la cárcel y al menos consiga un arresto domiciliario, sin exito hasta ahora.

De igual forma, periodistas, médicos y analistas observan que la tortura judicial a la que es sometida Jeanine Añez busca acabar con su vida. Puesto que fue detenida arbitrariamente sin que se inicien investigaciones, se ordenó su detención en cárcel pese a que no existían riesgos de fuga ni obstrucción a la justicia, y finalmente, se le ha suministrado fármacos que le pueden estar alterando la conciencia.

En definitiva, el régimen de Evo Morales a través del gobierno de Luis Arce se aleja de su retórica de reconciliación, y se coloca firmemente en la ya conocida práctica del Socialismo del Siglo XXI, lejano del respeto a los derechos humanos, cercano a las intenciones de eliminar a quienes no se alineen a su agenda.

Por Diego Salvatierra para Derechadiario.com.ar

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