La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez fue condenada este viernes a 10 años de cárcel por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez fue condenada este viernes a 10 años de cárcel. La acusaron de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución cuando asumió el poder en 2019, en medio de una crisis social y política que se desató en el país.

Según EFE, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz determinó que Áñez cumpla la condena en la cárcel de Miraflores en la que está detenida de manera preventiva desde hace más de un año. El Tribunal también anunció una sentencia de 10 años de cárcel contra el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, y el excomandante de la Policía Yuri Calderon, de quienes se desconoce su paradero.

En la mañana de este viernes los jueces del tribunal se trasladaron hasta la cárcel para tomar la última declaración de Áñez, quien tiene más de 450 días privada de su libertad y con problemas de salud. El agravamiento de sus síntomas ha llamado la atención de un sinúmero de líderes internacionales que protestan contra el proceso al que es sometida.

Y es que presuntas irregularidades que alegan referentes demócratas de la región han despertado el repudio de la ciudadanía contra el método prácticamente acosador persecutorio al que ha sido sometida Áñez. «La están matando de a poco», reclamó el eurodipitado de Vox Hermann Tertsch y presidente del ECR-Eurolat, quien aplaude el hecho de que exmandatarios y líderes políticos de toda la Iberosfera se solidaricen en contra la persecución política que sufre Jeanine Áñez.

Más de seis organizaciones internacionales se han manifestado hasta el momento. La más destacada es IDEA, la Iniciativa Democrática de España y las Américas. De acuerdo con su página oficial es un foro internacional no gubernamental que integra 37 ex jefes de Estado y de Gobierno, demócratas respetuosos del principio de la alternabilidad durante sus desempeños, patrocinado por la Fundación IDEA-Democrática como su objeto primordial. Es por ello, que en una declaración conjunta se recalcó lo siguiente

En el caso de Bolivia, en noviembre de 2019, asumió la presidencia la Senadora Jeanine Áñez quien, como segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, ante la renuncia del presidente y primer vicepresidente del Senado, en la línea de sucesión le correspondía legítimamente conducir la profunda crisis en que estaba sumido el país por la cadena de vulneraciones constitucionales cometidos por el expresidente Evo Morales: el desconocimiento del referéndum del 21 de febrero de 2016 que le prohibía reelegirse, y el afirmar, con apoyo de una justicia constitucional controlada, que su reelección era un derecho humano, presentándose ilegalmente a elecciones con el intento de ejercer un cuarto mandato.

En octubre de 2019 había perpetrado un fraude electoral demostrado por la auditoría vinculante que el mismo Morales solicitara de la OEA y que él reconoció, al pedir nuevas elecciones y que se designasen nuevos vocales en el Tribunal Supremo Electoral. A pesar de ello renunció e inmediatamente abandonó el país dejando vacante el cargo presidencial.

Evo Morales violó la Constitución e irrespetó la voluntad popular

Contrala voluntad popular, que en un plebiscito votó para no permitir la reelección por cuarta vez de Evo Morales, este se lanzó a la Presidencia de Bolivia. Las manifestaciones de repudio fueron incesantes, lo que detonó un estallido social que dejó 37 muertos. Al llegar a este punto, el izquierdista tuvo que salir del país y refugiarse en México.

Entonces, Jeanine Áñez asumió la presidencia de forma interina el 12 de noviembre de 2019, como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de la renuncia de Morales y de todos los funcionarios en línea de sucesión Presidencial. Sin embargo, a juicio del Gobierno y del MAS, este puesto debió recaer sobre un legislador de este partido y no en Áñez, quien aseguró que tomó el mando del país al existir un vacío de poder.

Una vez que los socialistas volvieron al poder, la privaron de su libertad. Fue detenida el 13 de marzo de 2021 en un operativo encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, en su natal Beni y luego fue llevada a La Paz en un avión militar bajo un fuerte resguardo policial.

Pese a que los del MAS, Movimiento al Socialismo, fueron quienes se enfilaron contra la voluntad demócratica al participar de una elección tachada de ilegítima por la OEA, denuncian que fue la expresidente Áñez quien orquestó un golpe de Estado.

Así denominan al levantamiento civil que se desató luego que Evo Morales se mantuvo 14 años en el poder y buscaba perpetuarse aún más. Por eso ahora, por medio de informes, internacionales expresaron su “indignación” frente al juicio político contra Áñez por un supuesto golpe de Estado.

Todos los informes “coinciden en que esto (el juicio de Áñez) es una violación de todos los estándares internacionales del debido proceso”, reprocha el exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio.

Áñez está detenida desde marzo del año pasado inicialmente por el caso “golpe de Estado I”. En esta oportunidad se le acusa de terrorismo, sedición y conspiración. Dichos señalamientos sirvieron para mantenerla recluida durante 6 meses. Luego se le abrió un segundo proceso por el que ahora se la somete a un juicio por la vía ordinaria.

Por Mamela Fiallo Flor – Panampost.com

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