Diputados socialistas y opositores pelean a puños en debate sobre la crisis política de 2019 que condujo a Jeanine Áñez a asumir la presidencia

La interpelación al ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, en el Parlamento nacional por la detención de la exmandataria interina Jeanine Añez terminó en una bochornosa escena violenta, donde legisladores del oficialismo y la oposición se golpearon mutuamente, ante la falta de acuerdos.

La tensión se desató frente al debate sobre si la crisis política y social que atravesó el país en 2019 derivó de un fraude electoral o de un golpe de Estado. En ese punto, la polarización entre los diputados del Movimiento al Socialismo (MAS) —con mayoría— y los miembros de la Comunidad Ciudadana y Creemos incendió los ánimos.

«¡Cálmese por favor!», «¡le estoy pidiendo cordura!», clamó el presidente de la Cámara, Freddy Mamani, quien interrumpió al ministro, para llamar la atención a otros legisladores.

Su petición no tuvo quorum. En primera fila, el senador Henry Montero, representante de la tolda Creemos y el diputado Antonio Colque, del MAS, intercambiaban sus puños hasta que ambos cayeron al piso, a pesar de los intentos de sus colegas por separarlos.

Tras aquello, la misma escena se repitió entre dos legisladoras una del MAS y otra opositora que también se enfrentaron entre haladas de cabello y rasguños, por lo que Mamani declaró diez minutos de pausa para reinstalar la sesión.

Alrededores candentes

Afuera del Parlamento boliviano también el cólera se condensaba. La provocación vino a causa de tres ataúdes de cartón que apostaron en el ingreso del Congreso las víctimas de las llamadas masacres de Sacaba, Senkata y Pedregal. Estos fueron sucesos donde murieron más de una veintena de civiles en tensiones con el Ejército, cuando Áñez asumió la presidencia.

Adentro las pancartas que exigían «justicia» con preguntas sobre «dónde está el dinero del gas lacrimógeno», en referencia al reciente escándalo de corrupción que salpicó al gobierno interino de Áñez.

Frente al atril principal también estaban un cúmulo de papeles con inscripciones de «actas 2019» y «actas 2020» con las que el ministro del Castillo desafió a los opositores, para demostrar de que no hubo fraude electoral en esos dos años.

Ministro en calor

«Cómplices de la corrupción el narcotráfico y las muertes ¡silencio! ¡guarden compostura! El pueblo boliviano les ve», recriminaba Del Castillo ante los gritos de los opositores que interrumpían su explicación.

También le recomendamos: El día en que Deng Xiaoping llamó al mundo a derrocar al partido comunista chino

Ad will display in 09 seconds

Tras el receso, Del Castillo expuso los argumentos por los que, según su parecer, en 2019 hubo un «golpe de Estado» y no un fraude electoral».

«Acá abajo están las 35.000 actas de la gestión 2019 (…) vengan (…) se las he impreso (…) he hecho su trabajo», desafío el ministro a los opositores que mantenían sus reclamos a gritos.

Minutos antes, durante el receso, el jefe de la bancada de Creemos, Edwin Bazán, dijo a los medios que el ministro era «incapaz para presentar argumentos» y lo acusó de actuar con cobardía durante la sesión.

Bancada con tendencia

Retomado el orden, el acto de interpelación continuó y la bancada de legisladores del MAS brindó su respaldo a del Castillo por las acciones que se siguieron en la detención de Añez.

La exmandataria interina está en prisión preventiva desde mediados de marzo por el caso denominado «golpe de Estado» en el que se la acusa por sedición, conspiración y terrorismo, a raíz de una denuncia de la exparlamentaria Lidia Patty, que también vinculada al partido MAS.

De su gestión, también están encarcelados los exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, así como quien se desempeñara como titular de la cartera de energías, Rodrigo Guzmán.

El Gobierno sostiene que con este caso se busca hacer justicia por los sucesos de 2019 mientras que la oposición considera que se trata de un acto de persecución en su contra. En dos aceras tan distintas, esta vez es un apéndice de lo que ahora deberá evaluar la comisión de ética para “establecer responsabilidades”.

Gabriela Moreno – Panampost.com