El congelamiento sobre las tarifas de servicios públicos pasa una factura cada vez más pesada para el Estado. De no producirse un sinceramiento de precios, el gasto en subsidios económicos podría llegar a US$ 25.000 acumulados para el año 2023.

La falta de ajustes sobre los precios de las tarifas públicas continúa engrosando el rojo fiscal que soporta el Sector Público Nacional. La disputa entre el ministro Martín Guzmán y el subsecretario Federico Basualdo tiene como trasfondo a un escenario fiscal cada vez más delicado. 

El gasto en subsidios económicos subió un 48,6% en los últimos doce meses, de acuerdo a su medición en dólares. En solo el primer trimestre del 2021, la factura por subsidios económicos se duplicó medida en pesos corrientes, lo que evidencia un ritmo de aumento muy superior a la inflación.

En concreto, se acumuló un gasto por US$ 6.695 millones en los últimos 12 meses y solo en concepto de subsidios energéticos. De este monto, el 73% fue destinado a garantizar la oferta de energía eléctrica después de que las tarifas se mantuvieran congeladas desde marzo de 2019 y mientras que los costos siguieron aumentando sin pausa.

El gobierno hace décadas subsidia el precio de la electricidad y otros servicios de energía con el objetivo de que el consumidor pague un importe menor al valor de mercado y las empresas no pierdan dinero en su operación. Sin embargo, esta plata debe salir de un lado y el Estado pasó de financiarlo con impuestos, a emisión, y ahora lo hace con toma de deuda.

En 2020, además, el Estado se hizo cargo de la diferencia entre el precio de importación de energía (principalmente gas licuado desde Bolivia) y el precio percibido por el consumidor, esto en los casos donde la producción local no fue capaz de satisfacer a la demanda interna normal ante el pésimo estado de la economía argentina.

De proseguir con este tipo de gastos y sin permitir mayores actualizaciones tarifarias, se estima un costo financiero en torno a los US$ 25.000 acumulados para el año 2023

Es decir, un monto que representa más de la mitad de las obligaciones que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el 2023, situadas en los US$ 44.000 millones

Entre marzo de 2019 y abril de 2021 el precio de la tarifa eléctrica cayó un 50% en términos reales, y se retrotrajo a un nivel similar al que había a principios del 2018, erosionando progresivamente todo el esfuerzo que se había realizado desde 2016 con Macri.

Lo mismo ocurrió con el valor real de la tarifa del gas. La dinámica fiscal se transformó en un verdadero lastre para el sector público y amenaza directamente a la solvencia fiscal que había prometido el ministro Martín Guzmán sobre las arcas públicas. 

La proyección futura para los subsidios económicos, además, complica las negociaciones con el FMI para pactar un plan de pagos en torno a los próximos 10 o 15 años, pues Argentina no demuestra ninguna señal contundente de austeridad. 

Bajo los lineamientos de Federico Basualdo, no solo no se logró aprobar ni estudiar ningún tipo de actualización tarifaria, sino que el Gobierno se estancó en su meta por segmentar el subsidio tarifario para dejar de subsidiar a los hogares de mayores ingresos y ahorrar recursos para el Tesoro. 

Los pobres resultados de la gestión Basualdo fueron duramente criticados dentro del propio Gobierno, pero el respaldo político de este último provocó una dura interna puso en duda la autoridad del propio Alberto Fernández a la hora de hacer cambios relevantes en funcionarios.