El fiscal Diego Luciani presentó un histórico pedido de condena contra la ex presidente y actual vicepresidente de la Nación, por defraudar al Estado con la obra pública.

La fiscalía, encabezada por los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, pidió este lunes 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la vicepresidente Cristina Kirchner.

En la acusación, Luciani la identificó como la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta, junto a figuras como Lázaro Báez, Julio de Vido, José López y al ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.

Bajo el comando de Cristina Kirchner, el Estado licitó con sobreprecios decenas de obras públicas multimillonarias en Santa Cruz, que si bien la empresa de Lázaro Báez nunca terminó, fueron pagadas en su totalidad, con una diferencia que habría ido a los bolsillos de los funcionarios públicos implicados.

Luciani ponderó para todos los implicados “el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, y a los ciudadanos de Santa Cruz en particular, que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo”. Y específicamente sobre la vicepresidente, dijo que “defraudó a los ciudadanos que la votaron”.

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde”, aseguró. “Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Y añadió: “nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.

El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina Kirchner: la magnitud de los delitos cometidos, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, y la extensión en el tiempo de daños, ya que se tiene en cuenta un periodo de por lo menos 10 años donde operó esta asociación ilícita.

Por su parte, el fiscal Sergio Mola presentó pruebas para acusar que la defraudación al estado nacional en las obras que recibió Báez fue de $5.321 millones de pesos. Además, la fiscalía pidió el decomiso sobre los bienes de los acusados por ese monto prorrateado entre los acusados.

También se solicitó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos. “Deviene de suma importante que de dictarse el decomiso de los bienes el destino sea instituciones de bien público para equilibrar el perjuicio de los graves delitos”, planteó Luciani.

En sus conclusiones finales, la fiscalía apuntó contra el presidente Alberto Fernández, recordando sus palabras en torno a que “la cartelización de la obra pública es un problema histórico de la Argentina”, poco después de que apresaran a Julio López en 2016. “

“Le quisiera recordar que Alberto Fernández dijo públicamente que renunció como jefe de Gabinete por la corrupción en la obra pública”, señaló Luciani, subrayando que ahora el jefe de Estado no habla más del tema. “Para defender puerilmente a su compañera de formula evitó hablar de los hechos probados en el caso”, aseguró.

El juicio seguirá el próximo 5 de septiembre, sin una declaración adicional de Cristina Kirchner, algo que el Tribunal Oral Federal 5 rechazó a pesar del pedido de la defensa. Todavía queda un largo camino para que el juez dicte sentencia, quien eventualmente podrá apoyar o rechazar el pedido de la fiscalía.

Fuente: La Derecha Diario

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