Luego de la presentación del diputado Francisco Sánchez en 2020, las abogadas Cynthia Ginni y Patricia Paternesi enviaron un nuevo proyecto de ley para prohibir el lenguaje inclusivo en las instituciones públicas.

Las abogadas Cynthia Ginni y Patricia Paternesi presentaron un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados para prohibir el uso del lenguaje inclusivo de los tres poderes del Estado y de las escuelas públicas; el cual cuenta con una carta de adhesión del constitucionalista Félix Lonigro.

La iniciativa, que apunta a evitar “alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje”, obedece a la necesidad de eliminar “los obstáculos que en materia de lectoescritura se manifiestan por el uso del mismo”.

“Prohíbase el uso en documentos y actos oficiales y en establecimientos educativos del comúnmente denominado “lenguaje inclusivo”, en cualquiera de sus formas (“x”, “e”, “@”, etc.), empleadas para reemplazar el uso del masculino cuando es utilizado en un sentido genérico, así como de cualquier otra forma diferente a la lengua oficial adoptada por la República Argentina”, sostiene el artículo 1 de la propuesta.

Sobre la prohibición en escuelas públicas, el proyecto considera que los niños van formando su lenguaje los primeros años de su vida y que “su mala utilización podría no sólo obstaculizar la lectoescritura y su comprensión, sino también significar una barrera para aquéllos que tienen más dificultades”.

“Debe tenerse presente, asimismo, que la utilización de términos masculinos con carácter inclusivo de lo femenino no afecta en absoluto la igualdad entre hombres y mujeres. Como bien se señala, es un hecho estrictamente lingüístico que carece de consecuencias políticas para la visibilidad de las mujeres, el respeto con que son tratadas, o su acceso a los puestos de mayor responsabilidad en todos los ámbitos de la sociedad”, sostienen las abogadas.

Con este proyecto, buscan prohibir en la redacción de las normas los desdoblamientos y las fórmulas neutras. “Todas implican redundancias o deforman los vocablos de tal manera que pueden alterar y debilitar su valor jurídico y social”, argumentan.

Las autoras del texto aseguran que no es cierto que el uso del masculino en el idioma español excluya a lo femenino, sin todo lo contrario: “Siempre ha tenido carácter inclusivo. La torpeza del desdoblamiento por sexos, tal como reclaman los transgresores, no implica visibilizar sino romper con la igualdad y la inclusión, acentuando la diferencia a través de la separación y quebrantando el sentido de equidad de las expresiones definidas de persona, construidas en masculino singular”.

Para justificar esto citan un hecho ocurrido en España a principios del 2020, cuando la Real Academia Española (RAE) elaboró un informe sobre el lenguaje inclusivo a raíz de una petición de la vicepresidente del gobierno español, Carmen Calvo, quien pretendía modificar el texto de la vieja Constitución de 1978 por considerarla “machista”.

En el artículo titulado “Constitución, idioma nacional y lenguaje inclusivo, según criterios de la Real Academia Española”, los lingüistas de la institución aseguran que “el documento fundacional de la institución hispana explicita que los grupos nominales en género masculino son de exégesis inclusiva, resultando en textos claros e inteligibles que en modo alguno plantean problemas serios de interpretación literal, no existiendo razones gramaticales ni de inteligibilidad semántica que obliguen a introducir modificaciones”.

En ese sentido, las autoras del proyecto hacen el mismo análisis para la Constitución Nacional Argentina: “nadie en su sano juicio puede argüir que los constituyentes y reformadores que actuaron entre 1853 y 1994 redactaron una Constitución únicamente para varones que excluyera a las mujeres”.

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En todas las disposiciones están incluidos varones y mujeres por igual, de manera que resulta improcedente suponer que las mujeres no se encuentran comprendidas, por ejemplo, en la norma del artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano…”.

Este no es el primer proyecto que se presenta de esta índole. El año pasado, el diputado Francisco Sánchez presentó el expediente 5675-D-2020, que busca modificar la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública sobre Lenguaje Claro.

Si bien el proyecto cuenta con el apoyo de otros 14 diputados, fue cajoneado por el establishment del Congreso y nunca se llegó a debatir en el recinto.

Quedará por verse si con esta nueva presentación, Argentina al menos discutirá en el órgano legislativo si el país seguirá el camino de países como Francia, que prohibió recientemente el lenguaje inclusivo; como también de Chile y Perú, que ya cuentan con iniciativas similares en sus respectivos Congresos.

Por Derechadiario.com.ar