BUENOS AIRES (AP) — Cientos de manifestantes tiraban el lunes piedras y botellas a la policía poco antes del inicio de una sesión en el Congreso argentino para debatir una controvertida reforma de las jubilaciones y pensiones con la que el gobierno pretende recortar el déficit fiscal.

Sindicalistas y militantes de agrupaciones sociales y políticas intentaron volcar varias de las vallas con las que cientos de agentes de la policía acordonaron el Parlamento antes del tratamiento de la iniciativa que contempla una reducción de los haberes y que ya cuenta con la aprobación del Senado.

El oficialismo espera contar en la Cámara de Diputados con el apoyo de un sector del peronismo opositor luego de que el 14 de diciembre fracasara una sesión para tratar la reforma a causa de violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías y del fuerte rechazo político al proyecto. Para ello, prometió a los jubilados y pensionados de menos ingresos una compensación económica que no es respaldada por los sindicatos y las agrupaciones sociales y políticas contrarias.

Al mediodía y pocas horas antes del inicio del debate parlamentario la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical, comenzó un paro de actividades por 24 horas en contra del proyecto.

Cientos de vuelos en el aeropuerto de la capital se suspendieron y se espera que a lo largo de la jornada miles de pasajeros resulten afectados por la huelga.

Sin embargo, los sindicatos del transporte automotor, de los trenes y del metro iniciarán la medida de fuerza en horas de la tarde para permitir a los manifestantes regresar a sus casas.

“El bono (la compensación) es una burla”, dijo Juan Carlos Schmid, uno de los líderes de la CGT, al manifestar el “rechazo absoluto” a este proyecto que “tiene una raíz ilegítima y va a provocar una catarata de presentaciones judiciales”.

Manifestantes cortaron a su vez algunos puntos estratégicos del centro de Buenos Aires, generando un caos circulatorio.

La iniciativa es la primera de las reformas económicas, junto con la tributaria y la laboral, que impulsa el conservador Mauricio Macri luego del contundente espaldarazo logrado en las elecciones legislativas de octubre. Pese a ser la fuerza mayoritaria, el oficialismo necesita negociar en el Parlamento con la oposición para sacer adelante las leyes.

El gobierno sostiene que la iniciativa consensuada en los últimos días con los gobernadores de las provincias es beneficiosa porque garantiza “un futuro claro” al asegurar haberes por encima de la inflación. Los mandatarios provinciales pactaron el apoyo a cambio de que el gobierno les garantizara fondos para cubrir sus deficitarias arcas públicas.

El oficialismo tenía previsto aprobar la reforma, pero la sesión legislativa del 14 de diciembre se vino a pique por la alta tensión social y política producto del fuerte rechazo al proyecto, basado en una modificación de la fórmula que establece los aumentos periódicos a las jubilaciones en un contexto inflacionario.

La iniciativa implica una pérdida de ingresos, lo que generó que sindicalistas y militantes de organizaciones sociales y políticas se enfrentaran con fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede del Parlamento mientras en la cámara baja se producía una discusión acalorada entre los diputados.

Un día después, el gobierno convocó de urgencia a gobernadores, en su mayoría del opositor partido peronista, en busca del respaldo necesario para aprobar la iniciativa. A cambio se comprometió a dictar un decreto para asegurar un beneficio adicional para jubilados y pensionados con haberes inferiores a los 10.000 pesos (unos 560 dólares) y para beneficiarios de una prestación que se otorga a familias de pocos ingresos.

Según el gobierno, esta compensación -que tampoco cuenta con el respaldo de sindicalistas y organizaciones sociales- alcanza al 70% de los jubilados y pensionados y al 100% de los beneficiarios de esa ayuda social y será abonado en marzo.