El nuevo equipo legal norteamericano de Saab negocia en un convenio con las autoridades que le otorgue casa por cárcel
Lejos del chavismo, Alex Saab, acusado de servir de testaferro a Nicolás Maduro a través de una trama de corrupción de 350 millones de dólares, negocia su libertad después de su extradición desde Cabo Verde a Estados Unidos. En esta oportunidad, lo hacer a través de un bufete estadounidense de abogados que se especializa en lograr acuerdos como el arresto domiciliario, al menos mientras transcurra el juicio en el que se le imputan ocho cargos de lavado de dinero.
Su nuevo equipo legal, Baker & Hostetler LLP —que ya cumplió con el requerimiento del Departamento de Justicia de demostrar que ofrece sus servicios al colombiano y no al régimen de Nicolás Maduro— avanza con “conversaciones discretas” en un convenio con las autoridades que llevaría a la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, ubicada en Miami a solicitar al juez Robert Scola que le otorgue el beneficio.
La información deriva de Daniel Coronell, periodista colombiano de la W Radio, quien revela que “a pesar de que Saab ha asegurado que no dará información a la justicia estadounidense, está en marcha un plan para que el supuesto enviado especial de Maduro comience a conversar con las autoridades. Y en unas semanas podría recibir el beneficio de casa por cárcel en Miami”.
Con posibilidades
Para alcanzar la medida, Saab tiene también trabajando en su defensa a la compañía de abogados Pillsbury Winthrop Shaw Pitman LLP, cuya sede central está en Nueva York. Entre esta firma y Baker & Hostetler LLP han diseñado una estrategia que tiene “un lado público y otro privado”, aseguró Coronell.
La parte visible mantiene la versión de que Saab cuenta con inmunidad diplomática que le otorgó Maduro y que no se puede juzgar en Estádos Unidos. Sin embargo, en la otra, está la negociación para que “Saab pague una cifra muy importante a la Corte como fianza para no ir a la cárcel y cumplir su detención desde la comodidad de una casa en Miami”.
Quizá tenga éxito porque “desde el comienzo, los agentes federales sabían que el multimillonario barranquillero no era el fin último de la operación, sino apenas un medio para encontrar el mapa de los tesoros de Maduro y otros miembros de la cúpula gubernamental venezolana. También para probar la eventual participación iraní en operaciones de tráfico de armas, que podrían constituir una violación de los acuerdos internacionales en la materia”.
Con vigilancia
Ahora, otorgar el beneficio a Saab es una decisión discrecional del juez. Sin embargo, generalmente, la Corte concede una fianza solicitada por la Fiscalía porque se sobreentiende que el procesado va a entregar algo muy importante a cambio. Un ejemplo de ello es el sirio con pasaporte venezolano, Naman Wakil, quien ofreció 21 millones de dólares para obtener su libertad bajo fianza después de su arresto en Miami, por presuntamente acumular una fortuna de 400 millones de dólares con la venta de carne en descomposición al chavismo, mediante empresas de maletín.
Hasta ahora es la garantía en efectivo más cuantiosa de los últimos tiempos en Miami. Del mismo modo, cuando la Corte accede a la detención domiciliaria de un preso como Wakil o Saab —en caso de aceptar— con tantas personas interesadas en su silencio, también contrata a una compañía privada de seguridad para garantizar que no se fugue o lo asesinen.
Según Coronell, la compañía que sería propuesta por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida para que sea designada por la Corte es Guidepost Solutions —una empresa multinacional de investigaciones, inteligencia corporativa y seguridad basada en Nueva York con oficinas en varios lugares del mundo como Bogotá y Miami— cuyo presidente ejecutivo es Bart Schwartz, un exjefe de la División Criminal de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
“Los escoltas tendrían autorización especial y anticipada de la Corte para usar sus armas en caso de un intento para asesinar al presunto testaferro de Maduro o si surge una tentativa de fuga. Ellos trabajarían para los operadores judiciales y no para Saab”.
Gabriela Moreno – Panampost.com
