Redacción BLes– El jueves comienza en la Cámara de Diputados de Argentina el debate por el polémico proyecto de Ley de aborto gratuito que pretenden imponer los movimientos de izquierda y feministas desde hace años, financiados por organismos internacionales y bajo la complicidad y apoyo del gobierno local. Se espera que el proyecto obtenga media sanción con los diputados como sucedió en 2018, y encuentre resistencia cuando pase a debatirse en el Senado de la Nación. 

La Cámara de Diputados de la República Argentina, comienza hoy una sesión de debate por el proyecto de ley que promueve la “interrupción voluntaria del embarazo”, o mejor dicho, aborto. El debate se espera que no finalice hasta el viernes por la mañana, de todos modos por el historial en Diputados y su mayoría de izquierda es probable que obtenga su aprobación, para luego ser tratado en el Senado de la Nación.

El proyecto de ley que promueve el aborto legal y gratuito en Argentina, fue impulsado e incluso redactado por el propio gobierno nacional, el presidente Alberto Fernandez fue quien firmó y envió el proyecto para que sea tratado en sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados. 

En el año 2018, ya se había presentado en Diputados un proyecto de Ley abortista que contó con su aprobación y luego fue rechazado cuando se trató en el Senado de la Nación. 

Dos años más tarde, y ahora con un gobierno nacional que promueve abiertamente el aborto, se vuelve a presentar un nuevo proyecto aunque con idénticas características y un mismo objetivo: promover las prácticas abortivas, legalizando y financiando por parte del estado el asesinato de los niños que se encuentren en gestación y por algún motivo la madre no desee su nacimiento.

El texto enviado por el Ejecutivo garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer gestante hasta la semana 14, inclusive. 

La legislación dice en su artículo 7: “Fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: a) si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de TRECE (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida. b) Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”, dice el proyecto del Ejecutivo.

En pocas palabras esto quiere decir que de aprobarse el proyecto, hasta la semana 14 de gestación el estado debe garantizar a toda mujer la posibilidad de practicar el aborto, sin exigir ningún tipo de explicación y sin pagar un solo peso. 

Pasadas las 14 semanas, incluso hasta días antes de nacer, el estado también deberá realizar el aborto en toda mujer que así lo desee, si esta argumenta (en una simple declaración jurada, no hace falta siquiera una denuncia policial) haber quedado embarazada producto de una violación o ver afectada su “salud integral” por el embarazo.

¿Qué se entiende por “salud integral”? Según la definición detallada en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “salud integral es el estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo”. Esto por ejemplo significa que si una mujer simplemente argumenta “estar deprimida” o “tener problemas familiares o laborales” ya es motivo suficientemente válido como para que el estado deba, en un máximo de 10 días, garantizarle el aborto de manera gratuita y segura. 

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Otro punto polémico es la objeción de conciencia, si bien el proyecto permite que un médico rechace realizar él personalmente la práctica, debe garantizar que la mujer pueda realizarla con otro profesional u otra institución. De lo contrario podría ser penado con hasta 3 años de prisión. 

La legalidad del proyecto también entra en contradicción con la idea de aprobar el aborto, teniendo en cuenta que el orden jurídico argentino tiene una tradición sólida de reconocimiento de la personalidad jurídica del ser humano desde su concepción. Por tanto, la etapa prenatal del ser humano contempla una serie de derechos descritos en gran cantidad de leyes incluidas en la Constitución, Código Penal, Civil y en varios tratados internacionales firmados por Argentina.

Tal es el caso de la ley 23849, que ratifica en la Constitución Nacional la Convención de los Derechos del Niño, en la que la República Argentina declara que entiende por niño “todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad”

La legalización del aborto en Argentina, como en tantos otros países, es promovida y financiada por organizaciones internacionales muy poderosas que están detrás de negocios multimillonarios al mismo tiempo que siguen la agenda de reducir la natalidad mundial, sobre todo en países tercermundistas.

Planned Parenthood ha invertido millones de dólares para promover aborto en Argentina durante los últimos años.

La multinacional del aborto más grande del mundo, International Planned Parenthood Federation (IPPF por sus siglas en inglés) lleva 12 años financiando organizaciones en Argentina para promover la legalización del aborto. 

Según sus estados financieros, desde 2008 Planned Parenthood entregó millones de dólares a distintas organizaciones locales para promover la campaña del aborto legal. Entre los principales beneficiados están la Fundación para la Salud del Adolescente (FUSA), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la Asociación Civil Pro Amnistía.

Muchos médicos están advirtiendo que hay enormes falacias en el discurso del proyecto de aborto y aseguran que organizaciones extranjeras como Planned Parenthood están interfiriendo social y políticamente para influir en la legislación a este respecto.

Tal como dijo recientemente Agustín Laje, un pensador conservador argentino, “detrás del progresismo posmoderno siempre están las potencias y organismos financieros imponiendo la agenda del control natal”, dando ejemplos como el informe Kissinger. “Sin aborto no podemos bajar la natalidad de los países del tercer mundo”, precisó Laje parafraseando al político estadounidense Henry Kissinger, quien presentó un informe en 1970 para “controlar la demografía mundial”.

Andrés Vacca – BLes.com