En una victoria para la agenda liberal del ministro de Economía, Paulo Guedes, y bajo las críticas de la oposición petísta, la Cámara de Diputados aprobó este jueves 5 el proyecto de ley que autoriza la privatización de Correios, la mega-empresa estatal de servicio postal brasileño.

El texto recibió 286 votos a favor y 173 en contra, y contó con una ejemplar negociación de Bolsonaro con los partidos políticos del llamado “Centrão“, formaciones de centroizquierda y centroderecha que se alinearon con la agenda del presidente. La propuesta pasa ahora al Senado.

Si se aprueba en el Senado, que todo indica que lo hará ya que el mayor desafío se tenía en Diputados, el proyecto será ley y se concretará la mayor privatización de la historia de Latinoamérica.

Sin embargo, la aprobación puede tardar más de lo previsto, ya que si los senadores cambian la redacción del proyecto, se deberá realizar una nueva votación en la Cámara. Con la aprobación del Congreso, el Gobierno prevé celebrar la subasta de la empresa pública en el primer semestre de 2022.

Para mantener la universalización del servicio, como manda la Constitución, el proyecto de ley prevé el mecanismo de concesión de la entrega de cartas y documentos. El ganador de la licitación deberá firmar un contrato con el gobierno federal para garantizar la continuidad de las entregas postales en todo el territorio nacional.

“Hay normas específicas para garantizar el 100% de la cobertura nacional del servicio“, dijo el diputado Gil Cutrim (Republicanos/MA), ponente del proyecto de ley. La empresa estatal se transformará en una sociedad de economía mixta, aseguró el legislador que defendió el proyecto.

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La regulación del servicio será responsabilidad de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). El texto también subraya que se veta el cierre de agencias prioritarias de Correios en pequeñas poblaciones y localidades remotas, respondiendo a una preocupación de la centroizquierda para dar definitivamente su apoyo.

La nueva legislación también prevé la garantía de estabilidad para los empleados de Correios durante 18 meses tras la privatización y la prórroga del plan de salud durante un año.

La empresa, que cuenta con 98.000 empleados, es uno de los mayores empleadores del sector público del país y un aguantadero de militantes de izquierda. La ley de privatización también prevé una indemnización correspondiente a 12 meses de remuneración y programas de reciclaje profesional, pero el objetivo es que sea el sector privado quien decida quién se queda y quien se va.

Por Guilherme Ramos para Derechadiario.com.ar

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