Redacción BLes– Un grupo de 20 estados liderados por republicanos está demandando a la administración Biden luego de concluir que los distintos departamentos del gobierno federal están llevando a cabo interpretaciones exageradas de la decisión de la Corte Suprema del año pasado que amplió las protecciones para las personas LGBT contra la discriminación.
Una denuncia presentada el lunes 30 de agosto en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Tennessee, encabezada por el fiscal general de Tennessee, Herbert H. Slatery, sostiene que el Departamento de Educación y la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo “emitió ‘interpretaciones’ de la ley federal de antidiscriminación mucho más allá de lo establecido en el texto estatutario, los requisitos reglamentarios, los precedentes judiciales y la Constitución”.
En 2020, la Corte Suprema dictaminó en el caso de Bostock contra el condado de Clayton, Georgia, que la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación basada en el sexo, la orientación sexual o la identidad.
El foco de la denuncia se centra en que las distintas agencias bajo la administración Biden han interpretado que la decisión de la Corte Suprema incluye protecciones para las personas transgénero con respecto al uso de baños, vestuarios, o competir en eventos deportivos de personas del sexo biológico opuesto.
En este sentido, Slatery sostiene que las instituciones federales no “tienen la autoridad” para extrapolar la decisión de la Corte Suprema y utilizarla para avalar situaciones extremas como las citadas anteriormente.
Si bien el tribunal no se pronunció sobre el tema de los baños o vestuarios separados por sexos, pero eso no ha impedido que las agencias federales como la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU (EEOC) lo intenten, argumenta Slatery
La EEOC dijo en una guía de pautas que, tras el fallo de Bostock, el Título VII permitiría a los trabajadores transgénero usar los baños de su elección y vestirse como deseen en función de su identidad de género.
El Departamento de Educación también realizó interpretaciones polémicas como cuando informó en la guía de junio de 2021 que su Oficina de Derechos Civiles decidió que, con base en el fallo de Bostock, la aplicación por parte de la agencia de la prohibición del Título IX sobre la discriminación por motivos de sexo también podría incluir la orientación sexual y la identidad de género.
“La Corte Suprema ha defendido el derecho de las personas LGBTQ + a vivir y trabajar sin temor al acoso, la exclusión y la discriminación, y nuestros estudiantes LGBTQ + tienen los mismos derechos y merecen las mismas protecciones”, dijo el Secretario de Educación Miguel Cardona dijo en ese momento, según reportó The Hill.
Slatery dijo al respecto de estas instituciones que las mencionadas agencias han malinterpretado la decisión de Bostock de la Corte Suprema “al afirmar que su prohibición de discriminación se aplica a los vestuarios, duchas y baños bajo el Título IX y el Título VII y a los hombres biológicos que se identifican como mujeres que compiten en deportes femeninos, cuando la Corte Suprema dijo específicamente no estaba decidiendo esos asuntos en Bostock”.
Estas decisiones han generado fuertes polémicas en casi todos los estados entre los distintos sectores que defienden las políticas de género y aquellos que entienden que las medidas impulsadas en muchos casos se extralimitan de la supuesta función que es generar un ambiente sin hostilidad para aquellos que tienen orientaciones sexuales diferentes.
Las disputas han llegado a los tribunales donde en muchos casos los jueces de cada estado están decidiendo si darle lugar a estas polémicas directivas, limitarlas o en algunos casos rechazarlas.
Andrés Vacca – BLes.com
