Redacción BLes – El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), provocó las críticas de las organizaciones y entidades que ofrecen cuidados paliativos al comprometerse a aprobar una ley que despenalizará la eutanasia y que brindará el servicio a todo a aquel que lo solicite sin necesidad de encontrarse en “situación terminal”, si vence en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 28 de abril.

En su programa ‘110 compromisos con la España que quieres’, presentado recientemente, la agrupación política socialista afirmó que si gana las elecciones aprobará una ley para “regular” la eutanasia y la muerte asistida en todas sus variantes, porque defiende “el derecho a elegir con libertad hasta el último minuto de nuestra vida y el derecho a recibir la mejor atención médica”.

La ley de despenalización de la eutanasia que ya había sido presentada el año pasado por el PSOE, liderado por Pedro Sánchez -que asumió la presidencia interina de España sin pasar por los comicios, tras la moción de censura del anterior presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy-, se encuentra “bloqueada” por la oposición en la Cámara Baja, describió Europa Press.

Con decidir que no se quiere seguir viviendo será suficiente

El secretario de Justicia y Nuevos Derechos, Andrés Perelló, junto a la secretaria de Sanidad, Luisa Carcedo, y el secretario de Política Federal, Patxi López, busca añadir enmiendas que contemplen no solo la “muerte digna” de los enfermos en su último tránsito sino también despenalizar la interrupción de la vida de cualquier persona que “no teniendo una situación terminal determinada deciden que no quieren vivir más, porque no están dispuestas a sufrir más”.

La propuesta socialista, que abre un debate moral, equiparó la eutanasia o el suicidio asistido a los “derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral”, viendo como necesaria una revisión de la ley en base a los principios constitucionales de “dignidad personal, libertad o autonomía de la voluntad”.

Cuidados paliativos frente a eutanasia

Por otra parte, organizaciones como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una entidad que declara que su trabajo se centra en cubrir las necesidades de enfermos terminales, especialmente en el ámbito domiciliario, reiteró que el debate parlamentario debería garantizar, en primer lugar, el acceso de los españoles a cuidados paliativos.

“En este momento, puesto que sigue sin estar aprobado el marco normativo estatal de protección de las personas que necesitan cuidados paliativos, la AECC solicita que el debate sobre la regulación de la eutanasia se abra una vez garantizado este derecho para todas las personas”.

“Hoy en día la cobertura de los cuidados paliativos no llega al 100%, el 50% de las personas que lo necesitan mueren con dolor físico y el 75% con dolor emocional”, determinó en un comunicado en su web.

El polémico proyecto de ley apunta a una cuestión ineludible: Si la decisión voluntaria de poner término a la vida cuando la persona considera que no vale la pena continuar viviendo, debe ser respaldada por la sociedad.

Hoy en día en España, el artículo 143 del Código penal dictamina penas de prisión de cuatro a ocho años a aquel que “induzca al suicidio a otro” y de dos a diez a los colaboradores de alguien que sufra “una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar” pero no contempla la nueva figura que pretende introducir el partido socialista de la eutanasia a voluntad, procurada por el estado.

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