“Es el tesoro más valioso que se ha encontrado en la historia de la humanidad”, dijo Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, el 27 de noviembre de 2015, al anunciar que se habían hallado los restos del naufragio del Galeón San José, de bandera española, hundido en 1708 mientras transportaba las riquezas que había recogido de las colonias suramericanas.

Considerado como “el Santo Grial de los naufragios” por su alto contenido de oro, plata, esmeraldas y joyas, se halla a una profundidad de 1000 metros, cerca de la isla de Barú, Colombia, y se avalúan entre US4.000 y US17.000 millones sus tesoros, desde un punto de vista comercial porque el valor cultural es incalculable.

De este modo, los tesoros que transportaba la Nave Capitana del imperio español, que escaparon del saqueo de los piratas que la hundieron, según la versión generalizada, brillan de nuevo ante los ojos del mundo como una aparición única de gran valor histórico y cultural.

Al decir de los expertos, se calculan en mil los naufragios de embarcaciones en las costas caribeñas de Colombia, entre los que se destacarían unos 6 o 10 como los más importantes, siendo uno de los más buscados: el galeón San José.

¿A quién pertenece?

A partir del momento del anuncio de Santos se alzaron las voces del gobierno español para reclamar como propio todo el contenido del navío porque se trataba de un barco de Estado, mientras que, por su parte, la compañía estadounidense que, supuestamente, lo ubicó también pedía su participación y, por supuesto, hacía lo propio el gobierno colombiano, en cuya plataforma continental reposan los restos.

Ya por su parte la UNESCO había declarado, en 1985, que todos los tesoros sumergidos son Patrimonio de la Humanidad, pero su disposición fue desconocida por el Congreso colombiano que aprobó una ley mediante la cual declaraba como de su propiedad el botín, dando terminada unilateralmente la disputa.

Si bien está dicho que para el gobierno español el galeón y todo su contenido le pertenecen por ser un barco de Estado, la legislación colombiana se apoyó en una ley que alude a la Guerra de Independencia y mediante la cual se transfieren a Colombia las propiedades del gobierno español en sus territorios.

La ley del 16 de octubre de 1821 del Congreso General de Colombia dice: “Libertada por las armas de la república cualquiera provincia, ciudad o lugar deberán ser secuestradas y confiscadas todas las propiedades que se encuentren en su territorio correspondientes al gobierno español”, y mediante su aplicación se zanjó toda pretensión extranjera.

Por otro lado, la ONU da “derechos preferenciales” a las naciones de origen de los tesoros, por encima de las naciones bajo cuya bandera navegaban los barcos antes de ser hundidos.

Relación de parte de los tesoros transportados por el San José en su viaje final.

Diferencias de enfoque

La fidelidad histórica requiere de los objetos que se han ido creando a lo largo de su desarrollo para reflejar las circunstancias características de cada una de las etapas históricas, sus gentes, sus costumbres, todas sus expresiones culturales.

Así, para los medios académicos lo deseable es que todos los tesoros históricos se conserven intactos y sean protegidos adecuadamente para conocimiento de las generaciones futuras, en tanto que para otros el valor comercial se impone y tratan de aprovecharse financieramente al vender al valor de mercado los objetos cuya antigüedad aumenta la rentabilidad.

Para España, el yacimiento arqueológico quedaría sumergido para siempre tal como lo regulan sus leyes, además de ser una tumba de guerra. Para Colombia el conjunto de los objetos encontrados en el fondo de su plataforma submarina serán clasificados entre culturales y comercializables, de acuerdo con la ley 1675 del 2013 aprobada por el Congreso colombiano, porque también consideran pagar los costos del rescate con parte del dinero obtenido al vender los materiales que consideren comercializables.

Los valiosos restos del naufragio del San José se encuentran cerca a la Isla de Barú, Colombia.

Una aclaración histórica

En aras de la precisión en la historia, es de aclarar que el galeón no fue hundido por los ingleses, nada más lejos de su intención que causar semejante desastre, lo que les haría perder el botín tras el cual iban; una explosión en el depósito de pólvora acabó con la vida de casi todos los 600 ocupantes (hay relatos de algunos sobrevivientes), y frustró las ambiciones que el imperio británico tenía sobre la fortuna que transportaba.

El Comodoro Charles Wager dirigía la escuadra inglesa que pretendía asaltar la nave, y al ver con desesperación que está se hundía irremisiblemente, gritó a sus consternados marinos: “hagan algo; un hombre que no lucha por un galeón no lucha por nada en la vida”, frase que desde entonces se ha hecho célebre, recuerda la revista Semana.

A diferencia de los tiempos que siguieron al descubrimiento de América, en los que los protagonistas eran españoles e ingleses como los que saqueaban a las poblaciones aborígenes y los que asaltaban a los saqueadores, ahora surgió un tercer protagonista en representación de los descendientes de los dueños originales de las riquezas: el gobierno colombiano.

Imagen ilustrativa de monedas de oro acuñadas en Cartagena de Indias, sumergidas en el naufragio.

Irregularidades legales: ¿empieza la piratería legal?

Como en un capítulo más de la larga saga de piratería que ha perseguido a los tesoros transportados en las naves marítimas, aparecieron ciertas irregularidades de tipo legal al inicio de la búsqueda del naufragio de ubicación desconocida en la década de los años 80.

En el año 1980 la compañía estadunidense Glocca Mora Co. se ofreció a buscar el buque perdido, llegando a un acuerdo con la Dirección General Marítima, la autoridad colombiana que regulaba esa actividad, que la autorizó para explorar la plataforma submarina. Un año después esta compañía dijo haber hallado los restos de la nave acordando con el gobierno que recibiría el 35% del tesoro a recuperar.

Posteriormente Glocca Mora Co. cedió sus derechos a la empresa Sea Search Armada (SSA), quedando esta a cargo de todos los negocios relacionados con la recuperación de la inmensa fortuna en juego.

Aquí empiezan a parecer incoherencias de gran calibre, dado que lo que obtuvieron los busca tesoros correspondió como porcentaje, el 35%, a lo reconocido por la autoridad marítima como “tesoros y especies náufragas”; en otras palabras, el porcentaje que se concede a la recuperación del contenido de una embarcación sin valor histórico o arqueológico, común y corriente.

Parece haberse ocultado deliberadamente que se trataba ni más ni menos de la Nave Capitana Señor San José, con inmenso valor cultural para la humanidad, que de haberse declarado con toda claridad reduciría el porcentaje para los exploradores a tan solo el 5% de lo recuperado.

Pero eso no fue todo, tampoco las coordenadas geográficas sirvieron para nada porque cuando se verificaron las coordenadas reportadas por SSA se pudo determinar, sin lugar a duda, que en ese sitio no había galeón ni había nada.

El principio “no cure no pay” (“sin hallazgo no hay recompensa”), ha sido consagrado por el derecho internacional y exige a quien dice haber encontrado un naufragio denunciar el nombre del navío y señalar las coordenadas exactas para proceder al rescate.

El subterfugio jurídico aplicado radicaba en que a las inútiles coordenadas señaladas se agregaban las palabras “zonas y áreas aledañas” que habilitaban a la empresa a operar el rescate, literalmente y sin exagerar, en cualquier parte del extenso Mar Caribe.

La compañía Sea Search Armada demanda a la República de Colombia

James E. Boasberg, juez de Distrito de Estados Unidos, firmó un documento legal en octubre de 2011, en el que se describe la demanda que SSA estableció ante el Distrito de Columbia contra La República de Colombia.

Según la declaración de la demanda en Estados Unidos, de esta empresa, en 1984 se firmó un acuerdo con la República de Colombia para recuperar el tesoro hundido a cambio de una parte de este, y una vez que ubicó el lugar en el fondo del mar, el gobierno colombiano no solo no le permitió extraerlo, sino que aprobó una ley de acuerdo con la cual declaraba la totalidad del tesoro como propio.

Además, como parte de los hechos de la demanda, en protesta por esa ley, SSA demandó a Colombia en 1989, ganando el pleito ante la justicia colombiana la cual le concedió el derecho al 50%, fallo que también fue desconocido por el gobierno colombiano, razón por la cual SSA de nuevo demandó en el 2010 el incumplimiento del contrato, reclamando su derecho al 50% del tesoro a recuperar. Esta vez Colombia alegó que no le obligaba la jurisdicción dentro de la cual se interpuso la demanda.

Finalmente la justicia estadounidense declaró como pertenecientes a la República de Colombia los restos del naufragio, tal como aparece en el documento firmado por el juez James E. Boasberg.

Isla Gran Caimán, la mayor de las tres islas Caimán, consideradas paraíso fiscal.

¿Terminará en dominio británico la riqueza que no pudo asaltar hace 300 años?

Como en otra batalla de filibusteros, pero ahora sigilosamente llevada a cabo por los encargados del tema en el gobierno colombiano, el presidente Juan Manuel Santos y la Ministra de Cultura Mariana Garcés, se desenvuelve el escenario final para las joyas y metales preciosos que puedan ser obtenidos en la recuperación del tesoro.

El medio abc.es expone la falta de transparencia por las ventajas dadas por Santos, en 2017, a la empresa  Maritime Archaelogy Consultants Switzerland AG (MACS), con la que ha celebrado una Asociación Público Privada por valor de 75 millones de dólares, aproximadamente, para adelantar la recuperación del “pecio” como se le dice a los restos de un naufragio.

Luego de más de 300 años, el negocio será dirigido por los británicos dueños de MACS, pues se dice que buena parte de los inversionistas proceden de Gran Bretaña. Los buenos oficios del presidente Santos han hecho que así sea. La York Archeological Trust será la encargada del negocio.

La fragilidad financiera y legal de la compañía contratada para el rescate

En investigación publicada el 24 de abril de 2018, el diario ABC de España concluye que los “despojos del galeón San José” serán repartidos con los cazatesoros y desaparecerán en un laberinto de empresas que terminan en las Islas Caimán, un paraíso fiscal bajo dominio británico.

Más aún, ABC declara la falta de experiencia y la incapacidad financiera y técnica de la empresa MACS, la cual fue elegida por Santos para adelantar la excavación comercial de uno de los más importantes yacimientos de la historia.

Según sus datos, Maritime Archaelogy Consultants Switzerland procede de otra empresa inglesa con el mismo nombre, Maritime Archaelogy Consultants LImited (MAC), fundada en 2013, que en 2016 transfirió la mayor parte de sus acciones a una compañía de las Islas Caimán, la Trans-Siberian Limited, que es la que ahora la controla.

Estas elaboradas y retorcidas maniobras financieras causan inquietud sobre la transparencia que habría de esperarse ante la responsabilidad que implica no solo para la población colombiana, suramericana y mundial, el rescate de un verdadero tesoro cultural que refleja fielmente las expresiones y valores de hace cientos de años.

Su fragilidad técnica

A pesar de que Santos anunció un “dream team” para la recuperación del pecio, hasta ahora no parece ser así.

Mensun Bound, arqueólogo del equipo que rescatará el pecio del San José.

El único arqueólogo marítimo de equipo de la empresa contratada es Mensun Bound, nacido en las Islas Malvinas (administradas por Reino Unido, cuya soberanía es reclamada por Argentina), en 1953. Bound dirigió el pecio del Hoi An de Vietnam, que terminó en fracaso para el inversionista, el hombre de negocios chino-malayo Ong Soo Hin: el gobierno obtuvo menos del 10% de las piezas repetidas y no generó ninguna publicación científica.

En su curriculum Mensun dice ser arqueólogo de Oxford, pero en la prestigiosa universidad lo repudian, al decir de ABC, desde hace 18 años, por lo turbio de la financiación de sus excavaciones, y que tan solo hizo allí una capacitación como investigador. Además, el gobierno de Estados Unidos le reclamó por saqueo a uno de sus buques naufragado en la Republica de Cabo Verde, África, entre otras andanzas con naufragios.

Asimismo, como director del proyecto participa George Horsington, profesional de la industria marítima con un máster en historia, especializado en gas y petróleo. Está vinculado a la empresa Swire Group de Hong Kong, cuyos barcos exploraron el San José en 2015 y 2016.

Tambien concurre Fredrick Soreide, noruego, quien es el técnico de profundidad que manejará el vehículo remoto. Ha generado excavaciones comerciales financiadas con la carga de los buques rescatados lo que hace temer que no se dé prioridad a los valores culturales sobre los económicos.

Sigue en el escalafón Roger Dooley, ex director de Visa Gold, que trabajó con Fidel Castro en el diseño de una empresa para cazar tesoros. Se le atribuye el haber convencido a Santos y a la ministra de cultura para que corrigieran la ley sobre el reparto del pecio y cedieran hasta el 50% como compensación a la empresa encargada de la recuperación.

Otro de los miembros del equipo es el cubano Manuel Almeida, restaurador especializado que dice pertenecer a la Unesco, en donde no le conocen, al decir del periódico ABC. Se lo relaciona con la compañía IMDI que colaboró con el saqueo del San José, (otro), en Panamá.

El equipo es completado por Herman Moro, director de MAC, quien en 1988 vivía como jardinero y paisajista en Washington y que con un curso de buceo en 1991 en Sea Ventures y con mucha lectura sobre otro naufragio en Ecuador se unió al investigador Rob McClung para rescatarlo, logrando el 50% en acuerdo con el gobierno ecuatoriano.

Estado actual del navío que yace en costas colombianas.

Algunas incoherencias

Se proyecta sacar de la profundidad marina los objetos en el término de 180 días, y si se cumple que sean alrededor de 10 millones de piezas, habría que extraer 55.555 de ellas cada día, lo que resulta una meta difícil de alcanzar.

Otros términos que no parecen coherentes son el de la construcción del laboratorio que las recibirá, para el cual se dispone de 360 días, el doble del tiempo de extracción de las piezas arqueológicas. A su vez, la construcción del museo para exhibir las que queden es de 720 días.

Algo que molesta a algunos es que a los miembros de la compañía de rescates se les pague en especie con parte del tesoro, al peso, es decir una tonelada de monedas y objetos de oro representarán su valor de mercado como oro metálico sin procesar, ignorando que su valor comercial es muchísimo mayor dado que son monedas y objetos de hace cientos de años, con un indiscutible valor arqueológico y cultural, que en el mercado comercial es muy superior al de las materias primas.

La Constitución colombiana prohíbe vender “patrimonio”, y es justamente lo que terminarán vendiendo los contratistas, puesto que no fundirán su parte de metales preciosos, sino que las venderán como tesoros del siglo XVIII.

Resolución que declara reservada la información sobre Patrimonio Cultural Sumergido.

Para cubrir con el más denso velo posible toda la documentación relacionada con el Patrimonio Cultural Sumergido, que incluye las negociaciones sobre el galeón San José, se determinó que esta fuera considerada secreto de Estado.

El último itinerario del galeón

La Nave Capitana Galeón Señor San José partió de Portobelo (posteriormente Panamá), hacia el puerto de Cartagena de Indias, el 28 de mayo de 1708, desde donde haría escala en La Habana para zarpar con rumbo a España.

Allí, el rey Felipe V esperaba con ansia la riqueza que inyectaría recursos para atender la Guerra de Sucesión que deterioraba aún más su imperio en decadencia.

Fuera de los tesoros para la Casa Real española, iban las “mandas” remesas libres de impuesto enviadas en baúles sellados por los colonos. Además de la tripulación viajaban más de 300 personas, entre ellas los familiares del Virrey del Perú.

Le escoltaban unas 20 naves, y sus defensas eran 66 cañones. Su peso era de 1.066 toneladas.

El día 7 de junio, a unas 15 leguas de Cartagena, aparecieron amenazadores 4 navíos ingleses: el Expedition con 70 cañones, el Kingston con 60, El Portland con 50 y el brulote Vulture.

El Comodoro Charles Wagner, al mando de la escuadra inglesa relata: “justo cuando el sol se ponía yo enfrente a la capitana y una hora y aproximadamente una media más tarde, ya muy oscuro, la capitana estalló”.

Una ventana al arte americano de hace 300 años

El arte colonial de algunas de las provincias americanas se verá reflejado en los objetos que se recuperen del pecio  de una de las naves más poderosas del siglo XVIII. Con base en ellos se recreará el entorno cultural que les dio lugar, los valores que posiblemente motivaron a sus artífices, sus percepciones de lo armónico y lo bello.

Posiblemente se les ofrenden las honras fúnebres a las personas que perdieron la vida en medio de la tragedia y se concluya con el truncado viaje que iniciaron hace cientos de años.

Curiosamente, es como si el reloj de la historia se hubiese detenido durante tres siglos y se echase a andar de nuevo. No obstante, aparentemente, el ser humano no parece haber evolucionado mucho en cuanto a valores y ética por lo que un altísimo porcentaje de las joyas y objetos preciosos tomarán rumbos desconocidos.

Permanece la expectativa sobre los objetos arqueológicos que finalmente lleguen a conocimiento público en los años por venir y sean exhibidos en el museo, por construir, en la muy noble y valiente ciudad de Cartagena de Indias, que por tantas aventuras de corsarios y piratas atravesara como puerto insignia de la etapa colonial de Las Américas.

Por Jose Ignacio Hermosa – BLes

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