Redacción BLes – El apodado “Gran Hermano Fiscal” continúa extendiendo sus tentáculos en Uruguay a través de la denominada “Ley de Inclusión Financiera” por sus defensores, y “Ley de Bancarización Obligatoria” por sus críticos.

En definitiva, se trata de una medida estatal que proponiendo impulsar el “acceso a la población a servicios financieros y promoción del uso de medios de pago electrónicos” obliga a los ciudadanos a realizar el pago de remuneraciones, honorarios, compraventas y cualquier otro tipo de intercambio de dinero -a partir de un determinado monto-, únicamente a través de los mencionados “medios electrónicos”.

De este modo, en pro de una supuesta “protección” del pueblo uruguayo, establece la prohibición de realizar dichas transacciones en efectivo, imponiendo la contratación de una agencia bancaria como intermediaria, con lo que deniega a las contrapartes el derecho de decidir la forma de pago o cobro, y los fuerza a usar tarjetas de crédito o débito, transferencia bancaria, etc.

La normativa, de entrar en vigor a finales de mayo, no solo violaría los derechos fundamentales de todo individuo a la libertad de elegir la forma en que decide pagar, cobrar o comerciar, sino que atentaría contra la propiedad privada ya que el Estado estaría obligando al individuo a contratar una entidad bancaria so pena de no percibir los rendimientos de su trabajo, describió el articulista Cristián Correa Crego en el diario Panam Post.

Esta nueva intromisión que se clasifica dentro del contexto del continuo y progresivo plan de intervención estatal que se cierne sobre la población uruguaya, y es obra de la coalición de izquierda FA (Frente Amplio) que gobierna el país desde 2005.

Algunos comienzan a calificar tal planificación de “Gran Hermano Fiscal” en honor a la famosa novela de George Orwell 1984, cuyo eje central es un personaje que nadie conoce y posee tanto poder que es capaz de controlar cada apartado de las vidas de una población esclavizada y adormecida gracias a la incesante propaganda vertida en los medios de comunicación.

La cuestionada ley incorpora otra prohibición que afectará sensiblemente a los comerciantes, ya que les impediría ofrecer descuentos a los clientes que realicen sus pagos en efectivo.

Con posterioridad también se aprobó otra ley (19.484) que abolió el secreto financiero, es decir, el estado puede obligar a los bancos a informarle del saldo de las cuentas bancarias.

Impulsan dos plebiscitos contra la “ley de inclusividad financiera”

Por tales motivos, se han erigido dos protestas para habilitar un referéndum, que pretenden conseguir las 260.000 firmas necesarias que hagan posible la consulta popular y derogar en parte o en su totalidad la denostada ley 19.210.

Una parte del candidato a las presidenciales, Gustavo Salle, del Partido Verde Animalista, que propondría agregar a la constitución la prohibición expresa a “cualquier forma de bancarización obligatoria”, cuyo plazo de recolección de rúbricas terminaría en noviembre al estar asociada a las elecciones departamentales uruguayas de 2020, después de ampliarse.

Es “una obligatoriedad de intermediación de las instituciones financieras para reunirte con el esfuerzo de tu trabajo y además te cobra, utiliza un sistema de contrato de adhesión con cláusulas abusivas”, consideró Salle, señalando que la ley es un “avasallamiento del derecho humano a la libertad, consagrado en el artículo 7 de la Constitución y es una vulneración porque el Estado te obliga a contratar con un banco que te cobra”.

Asimismo denunció que “impone el movimiento de todo dinero a través de los bancos y obliga a permitir que los bancos tomen el control (supervisión) total de la intimidad económica individual, con el pretexto o la excusa de combatir la inseguridad pública (lo cual es absolutamente falso)”.

De hecho, “viola el derecho humano a la libertad, seguridad e intimidad”, porque no “resguarda” la seguridad pública ya que “los lineamientos de esta involucran quitar el dinero en efectivo de las calles, lo cual produce un corrimiento del delito y transformación de delitos como la rapiña y el hurto, en otros más graves como el secuestro y la extorsión. Por lo tanto, es una ley que, por su naturaleza, aumenta el riesgo para la vida de todos los habitantes de la República”.

La oposición de los comerciantes

Otra nace de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (CRECE) que impulsa un plebiscito para derogar la ley en su totalidad, y “devolver y garantizar” a la ciudadanía los “derechos que están siendo vulnerados”, detalló El País Uruguay, indicando que la recogida de firmas para esta última no tiene fecha de cierre al no relacionarse con ninguna elección.

CRECE sostiene que “modificar el régimen del curso legal de la moneda y sistema de pagos es un tema grave que debe de ser analizado mucho más detenidamente”.

En este sentido, en un documento titulado “No a la inclusión financiera obligatoria” citado por El País, la plataforma aboga por la libre elección de la forma de pago, aceptando el sistema financiero, las tarjetas y los bancos pero expresando su negativa a la imposición y la obligación, y a “entregar su libertad a costa de un negocio privado”.

Cabe destacar, que la mayoría de los candidatos y precandidatos a las elecciones nacionales se posicionaron firmando a favor de la derogación de la polémica ley de inclusión financiera.

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Temas: Categorías: América

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