Redacción BLes – La entidad gubernamental estadounidense que gestiona las solicitudes de inmigración y los permisos de ciudadanía, creará una nueva delegación encargada de investigar e identificar a los sospechosos de haber obtenido la naturalización mediante el engaño, con el propósito de invalidarla, según un informe de AP replicado en los medios.

Lee Francis Cissna, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), advirtió que ha contratado a decenas de abogados y agentes de inmigración para que revisen los casos de aquellos que “a pesar de tener orden de deportación, usaron presumiblemente identidades falsas para obtener tanto tarjetas de residencia como la ciudadanía a través de la naturalización”.

Los casos confirmados se remitirán inmediatamente a la fiscalía del Departamento de Justicia quien, tras la celebración de un proceso civil, determinará si el demandado conservará la ciudadanía. Incluso se podrían exigir responsabilidades penales relacionadas con la estafa.

“Durante años hemos enjuiciado los casos a medida que surgían, de forma reactiva, pero esta es la primera vez que se investigarán posibles fraudes mediante un esfuerzo coordinado”, aclaró Cissna, expresando confianza en que la nueva oficina del USCIS entre en funcionamiento el año que viene en Los Ángeles, California.

El funcionario declinó dar cifras sobre el costo de la medida, pero precisó que está contemplada dentro del actual presupuesto de la organización, cuyo financiamiento proviene de las tarifas que se cobran en las solicitudes de inmigración.

Esta iniciativa se engloba dentro del marco jurídico adoptado por el gobierno del presidente Donald Trump en su intento por reducir el fraude migratorio que se ha convertido en un problema de dimensiones tan enormes que parece sobrepasar la capacidad de respuesta de las autoridades.

La medida no es algo imprevisto después de que el Departamento de Justicia pusiera bajo sospecha -de acuerdo a un reportaje emitido por Univisión a principios de año-, alrededor de 315,000 ciudadanías por naturalización, después de determinarse que las huellas digitales no existían en la base de datos central.

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