(Redacción BLES) La gestión de Mauricio Macri ha dado un paso más en su objetivo de normalizar la instituciones de Argentina. El pasado sábado 6 de enero dejó ‘caer’ la denominada Ley de Emergencia Económica que regía en el país desde el año 2002 y otorgaba facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo.

La medida -supuestamente excepcional- había sido promulgada por el entonces presidente Eduardo Duhalde para afrontar una de las peores crisis que tuvo el país en las últimas décadas. Cabe recordar que, a días de haber renunciado el mandatario Fernando de la Rúa, y luego de que ese puesto fuera ocupado por otras tres personas en poco más de una semana, el dirigente peronista la impulsó para tratar de paliar la difícil situación económica, política y social que se vivía en ese entonces, y que ya había dejado un saldo de 35 muertos en las protestas.

Imagen de una protesta en Argentina el 6 de noviembre de 2012. (Flickr)

¿Qué establecía la “Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario”?

En enero de 2002 Argentina estaba en el medio de una situación social sin precedentes: la pobreza había aumentado al 49,7% y la indigencia al 22,7% de la población. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), el desempleo era del 40,2%.

En ese contexto, y ante una crisis de representatividad política, la ley de emergencia económica propuso que el presidente y sus ministros dispongan transitoriamente de un marco jurídico que les permitió establecer una nueva relación del tipo de cambio, pesificar las deudas en dólares, congelar tarifas, renegociar contratos de servicios públicos, regular los precios de la canasta básica y pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos, entre otras facultades.

¿Qué pasó después?

Con la llegada del kirchnerismo (2003-2015), la excepción se hizo la regla: la ley que había sido pensada para que tuviera vigencia solo por dos años, se extendió por 16 años. En ese período, y a pesar de las llamadas ‘tasas chinas’ de crecimiento económico, el Congreso Nacional renovó constantemente la ley a pedido del Poder Ejecutivo.

En esta foto de archivo del 9 de diciembre de 2015 la expresidente de Argentina, Cristina Fernández, participa en la presentación de un busto de su difunto esposo y expresidente Néstor Kirchner en la casa de gobierno en Buenos Aires. (AP Foto / Ricardo Mazalan, Archivo)

Si bien tanto Néstor como Cristina Kirchner pudieron disponer de poderes extraordinarios, inversionistas y organismos internacionales pedían que se normalizara el marco jurídico en concordancia con la nueva situación económica del país.

La llegada de Macri y la normalización

Cuando el conservador Mauricio Macri y su coalición de gobierno ‘Cambiemos’ llegaron al poder en diciembre de 2015 prometieron normalizar las instituciones del país. En ese sentido, en septiembre de 2017 el Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren había adelantado que el gobierno no prorrogaría la ley de emergencia económica. Y así fue.

El presidente argentino Mauricio Macri da una conferencia en Buenos Aires, Argentina, el viernes 24 de noviembre de 2017. (AP Foto / Victor R. Caivano)

“Este año, la Ley de Emergencia Económica del 6 de enero del 2002 llega a su fin. Debemos recuperar los marcos regulatorios y no volver a incumplirlos”, había remarcado Aranguren.

El funcionario nacional había asegurado que así se podría llevar adelante la renegociación de todos los contratos pendientes entre el Estado y el sector privado en materia de servicios públicos y empresas concesionadas.

Además, uno de los aspectos más destacados de la no prórroga de la ley, es que el régimen cambiario del peso argentino ya no quedaría a discreción del Poder Ejecutivo. Situación aplaudida por los inversionistas y el sector financiero.

¿Cuáles son los cambios que trae la nueva decisión?

La decisión ya está tomada. En Argentina ya no rige la ’emergencia económica’, pero, ¿cómo influye eso en la economía?

Para responder esa pregunta, La Nación entrevistó a tres destacados economistas que si bien coincidieron en que era una acción necesaria, discreparon en el alcance real que puede tener la misma en la vida cotidiana de los argentinos.

Un manifestante ondea una bandera argentina mientras una multitud marcha al Congreso para protestar contra la reforma de pensiones en Buenos Aires, Argentina, el martes 19 de diciembre de 2017. (AP Foto/Víctor R. Caivano)

“Es un paso más en el camino de ser un país normal. Ninguna nación en el mundo se gobierna con este tipo de facultades discrecionales del Poder Ejecutivo”, elogió el expresidente del Banco Central Martín Redrado.

“En el mercado de cambios se elimina de cuajo la posibilidad de intervención legal por parte del Poder Ejecutivo. Así, es imposible que se pueda cambiar por decreto presidencial la cotización de las divisas en relación al peso”, destacó.

“Es razonable. Si bien yo no acuerdo con el modelo, sí coincido en que hay que avanzar hacia la normalidad. El barco se estabilizó hace tiempo y ya no era necesario que siguieran las alarmas encendidas como si estuviera entrando agua”, expresó por su parte Matías Tombolini, excandidato a diputado nacional por la oposición y flamante presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien “se busca un cambio de humor”, “los efectos prácticos son pocos”, matiza el economista Martín Tetaz. “Creo que la gente está hoy más preocupada por las tasas y el dólar que lo que podría lograrse con un cambio (…) Así como en su momento la ley de emergencia no tenía sentido porque no había emergencia, hoy no dejará de haber inestabilidad por este cambio. Tiene un corte voluntarista más que de realidad”, afirma.

Lo cierto es que hoy, según el INDEC, la pobreza alcanza al 28,6% y la indigencia el 6,2%. En tanto, el desempleo ronda el 8,3%. Si bien falta mucho por hacer, evidentemente Argentina no está en ’emergencia económica’ y ciertamente es bueno que las instituciones así lo reflejen.

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