Conforme al alza de contratos temporales en el Estado que se presentó durante la gestión kirchnerista (2003-2015), la administración del actual presidente argentino Mauricio Macri comenzó a implementar recortes de personal que dejaron un saldo de 10.000 desvinculaciones entre el año 2015 y 2016. Desde entonces, el gobierno nacional ha formalizado un proceso de evaluaciones técnicas y de control de presentismo que ha despertado el reclamo de varios sindicatos del país.

En declaraciones con La Nación, personal del Ministerio de Modernización expresó que en diciembre pasado la cifra de despidos fue de aproximadamente 600 personas, una cifra menor a la referida por las sindicatos, bajo el control del presentismo y la evaluación interna.

Desde el equipo de Andrés Ibarra, quien está a la cabeza del ministerio, compartieron con el matutino argentino que entre las razones de por qué no se lleva a cabo la renovación de algunos contratos, se encuentran la ausencia sin justificación, enfermedades prolongadas e incumplimiento de tareas.

El plan que busca encarar el gobierno parte por medidas que garanticen buenos niveles de rendimiento laboral y en el mismo sentido impulsar los procesos en el sector público. De a cuerdo con Ibarra, el objetivo propuesto “implica un cambio cultural profundo” que requiere que los ciudadanos lo visualicen.

“Desde el primer día nos propusimos fortalecer la cultura del trabajo dentro del Estado, reconociendo el mérito y el valor del servicio público por sobre todas las cosas, y promoviendo una gestión que genere beneficios concretos para la sociedad”, afirmó el ministro de Modernización en la primera jornada de reconocimiento a empleados públicos, un evento que resaltó la labor de aproximadamente 700 trabajadores públicos.

En cuanto al panorama de incertidumbre que genera el tema de los recortes incluidos en el proyecto ley de reforma laboral, el ministro de Modernización afirma que el problema viene por el desmanejo que ha tenido el Estado, y en el mismo sentido acredita a las dificultades del sector laboral el permanente deterioro por falta de capacitación que se ha intentando solventar con la contratación de empleados.

“Es toda una problemática que se va a ir corrigiendo, estamos viendo quiénes son aquellos que tienen cierta antigüedad y que pueden pasar a planta. Hay que generar movilidad interna para aquellos lugares en los que falta gente. Esto va a llevar unos años, pero el objetivo es que el Estado se maneje con un 10 o 15% como mucho de contratos variables, que son necesarios”, agrega el jefe del ministerio.

Respecto a el panorama que afronta el sector laboral, en lo que va del año 2018, entidades como Fabricaciones Militares y la Televisión Digital Abierta, han encarado 354 y 180 despidos respectivamente, enlistando los primeros puestos de organismos con mayor cantidad de bajas en 2018.

Asimismo, a los 3000 despidos del sector privado, ahora se suman cesantías en los medios de comunicación estatales, que no han estado ajenas a reclamos de los sindicatos.

“Las políticas de vaciamiento y ajuste de los medios públicos revelan la falsedad de los enunciados que repiten los funcionarios: mientras proclaman inaugurar un tiempo de libertades y pluralidad de contenidos se ocupan de expulsar a los periodistas que deben garantizarlas”, denunciaron los adscritos al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), según reporta Noticias Urbanas.

Dadas las medidas, los trabajadores de los medios públicos realizaron una jornada de cese de actividades el 3 de enero.

El panorama gremial está moviendo sus fichas pese a que los diálogos con el gobierno no han mostrado los resultados esperados. Hugo Godoy, quien está a la cabeza del gremio ATE, anunció el primer paro nacional estatal del año. Desde el gremio señalan a sus pares de UPCN de hacerse a un lado y no continuar con la puja en la discusión por la bajas.

“Lamentablemente el Gobierno no dio una respuesta para que se genere un espacio de discusión y ante nuestros reclamos por los despidos decidimos parar. Hay que ponerle un límite porque no vamos a permitir que siga aumentando el número de despidos”, expresó Godoy.

Como desafío, el gobierno de Macri deberá procurar que sólo el 10% que compone los 200.000 empleados con los que cuenta la administración pública sea valorado bajo la modalidad de contrato temporal, el cual se rige por el artículo 9 de la Ley de Empleo Público (25.164). En términos legislativos se establece que no debería superar el 15% del total de la plantilla de contrataciones temporarias. De acuerdo con UPCN, al día de hoy estaría por encima del 30%.

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Categorías:América Argentina

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